Un voto para una Libia dividida

Libia permanece dividida, entre los bandos y milicias que se disputan el poder. Y es una división que, además de arriesgar que se vuelvan inútiles los esfuerzos realizados por la diplomacia internacional, favorece el autodenominado Estado Islámico, el cual si bien se encuentra en retirada en Sirte, ocupa los espacios libres dejados por el caos político.

El Gobierno de unidad nacional de Fayez Al Sarraj, sobre el cual las Naciones Unidas y la comunidad internacional habían puesto sus esperanzas de estabilidad los últimos meses, ha sufrido ayer un brusca parada con su suspensión por parte de la Cámara de representantes. El Parlamento, establecido en Tobruk, en la Cirenaica, en 2014 y rival de Trípoli, ha votado no a la confianza en el Ejecutivo nacido después de meses de negociaciones apoyadas por las Naciones Unidas y después del acuerdo de diciembre en Túnez. La suspensión ha pasado con 61 votos, 39 ausencias y un solo voto a favor, ha explicado el portavoz de la Cámara en Tobruk, Abdullah Ablahig, subrayando que la sesión, presidida por el «halcón» Aguila Saleh, había alcanzado el número legal con 101 presencias. «Hay que volver a hacer todo de nuevo» para Al Sarraj, según uno de los diputados de Tobruk, Abdel-Salam Nassiya: «Ahora el Gobierno debe ser cambiado para incluir más representantes del Este de Libia», explicó. «El voto es ilegal porque el orden del día de la sesión ha sido cambiado improvisamente», denunció en cambio el presidente de la Cámara de los representantes de Tobruk, Ihmid Houmah. Esta mañana han llegado noticias según las cuales la Cámara de los representantes de Tobruk discutirá hoy mismo la propuesta de conceder al gobierno de Trípoli la última posibilidad de formar un nuevo Ejecutivo reducido, compuesto por un mínimo de 8 hasta un máximo de 12 ministros. Según algunos analistas, hasta ahora el Parlamento de Tobruk no había conseguido expresarse porque era prisionero del general Khalifa Haftar, a la cabeza del ejército nacional líbico que controla Cirenea y sus intereses político-económicos.

Fuente: L’Osservatore Romano

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